A más de siete años sale a relucir lo que se decía a voces en secreto por el miedo de a la persecución política y por lo delicado del tema: dentro de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia(PRODEMEFA), del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán existe una red de trata de menores y abuso de índole sexual.
La agrupación Yucatán ¡Ya no más negocios con nuestros hijos! viene denunciando este lamentable hecho que ocurre desde la administración del exgobernador Rolando Zapata Bello, quien decidió ignorar el hecho como si fuera una exageración.
La red de trata de menores aprovecharía las funciones de la dependencia para arrancar a pequeños de su hogar y entregarlos a individuos de la política, empresariado y extranjeros.
Las familias más afectadas son las maya-hablantes y marginadas, gracias a la confabulación de la PRODEMEFA con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al tratarse de personas de bajos recursos y desconocer que existe la ley para protegerse, quedan desamparados ante el poder del estado.
La abogada y activista Dariana Quintal Narváez, representante de Yucatán ¡Ya no más negocios con nuestros hijos!, ha expuesto en los medios nacionales el atropello que sufren los menores y quien dice tener pruebas de todo esto desde hace un año que las presentó ante las autoridades.
La defensora de los menores y de las familias vulnerables señala directamente al gobernador Mauricio Vila Dosal de no hacer nada ante este caso.
“¿Cuándo piensa el gobernado meter mano para ver qué está pasando con la institución que está a su cargo? Yo le pregunto al señor Mauricio Vila ¿tampoco valen para usted estos casos, estas familias, estos niños?”.
Abuela reclama la custodia de sus nietos “perdidos”
Uno de los casos presentados por la agrupación es el de la señora Maribel Noh Montejo, quien lleva diez años luchando por la custodia sus nietos, de 11 y 9 años actualmente.
Tengo diez años peleando por los derechos que como abuela merezco”, reclamó la dolida abuela.
Doña Maribel declaró que sus nietos quedaron en la custodia del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) luego de que su hija, la madre de los menores, tuvo un encuentro en la vía pública, lo que ocasionó que los menores fueran llevados por la policía.
La PRODEMEFA decidió entregarlos a los abuelos paternos, quienes abusaron de ellos. Por esto, los menores fueron regresados al Caimede y después fueron separados y terminaron en familias distintas, violando los derechos de la custodia de la abuela.
“Yo tengo el derecho como abuela (…) Mis nietos no me conocen. Hablan de perfección con esas familias que los tienen porque no tienen otro núcleo familiar”, dijo llorando.
Las autoridades le han rechazado el derecho a sus nietos con el argumento de que la señora con cuenta con la posibilidad de mantenerlos.
La ventaja de una de estas familias: que tienen una alberca.
“Que porque tienen una alberca, que porque tiene la posibilidad… Yo también lo tengo. Todo lo que ellos han hecho en su declaración no es más de lo que yo tengo para dárselo a mis nietos y no se me hace justo”.
Menores “desaparecidos” en custodia del DIF Yucatán
Las cifras alarmantes de menores desaparecidos son de 480 solo en el año 2016. Estos niños, niñas y adolescentes, 300 de ellos fueron enviados al Caimede y al Centro de Convivencia Familia de Yucatán (Cecofay) y su paradero es desconocido.
Del 2017 a la fecha se desconoce el número de infantes atendidos por la dependencia, permanecen herméticos.
Muchos de los padres que se les arrebata sus hijos tienen que interponer amparos contra la PRODEMEFA para saber dónde están sus hijos.
“Una vez que los niños están a cargo del Estado, es laPRODEMEFA la que se encarga de canalizar a los niños al Caimede y es así donde empieza toda esta línea de corrupción, de tráfico de menores. Hoy por hoy puedo decir que se ha venido traficando con niños, estos niños que han sido despojados de sus padres”, acotó.
Esta red de trata de menores involucra a muchas figuras dentro del gobierno estatal.
“En esta red están involucrados procuradores, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, quienes hacen informes a modo, omiten información a los jueces sobre el estado emocional y psicológico de los menores, no realizan el trabajo correspondiente y, a pesar que PRODEMEFA es una institución administrativa, toma atribuciones que no le corresponden, como el emitir dictámenes”, declaró Quintal Narváez.
La activista, ante la negativa de las administraciones de Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal, tuvo que recurrir ante la federación.
En marzo de 2020, Quintal Narváez entregó toda la evidencia y documentación a la titular de la Secretaría de Gobernación, la exmagistrada y ahora senadora, Olga Sánchez Cordero, la cual se comprometió a investigar el caso.
La actual titular de la PRODEMEFA. Teresita de Jesús Anguas Zapata, declaró que estos señalamientos son falsos, que se ha “atendido y se ha actuado de manera correcta”.
“Quiero desmentir a la titular de la PRODEMEFA y pedirle a Anguas Zapata que se conduzca con honestidad y que haga a un lado las bajezas, que deje de seguir violentando a todas estas personas, porque es una burla que ella diga que a la señora Daniela, por injustas razones, le quitan a su hija, se la llevan a Quintana Roo y que al día de hoy no sepa en dónde está”, abundó Quintal Narváez.
Delitos sexuales denunciados y sin castigo
La activista señaló que los abusos sexuales contra los menores están al por mayor en el Caimede, “no es un lugar seguro para niños y mucho menos para niñas”.
Quintal Narváez relató el caso de una menor de 12 años que fue violada por uno de los custodios y quedó embarazada. Esta menor, al pedir ayuda a la PRODEMEFA, la trasladaron al Caimede para que naciera su hijo y fueron dados tanto a ella como a su bebé en adopción.
“La PRODEMEFA no tenía por qué tomarse esas atribuciones, pues la niña tenía a su mamá y quienes en este caso tenían que tomar las decisiones que correspondieran a la bebé, que efectivamente era producto de una violación, independientemente de eso, también era una decisión que le correspondía tomar a la familia de la niña”, detalló.
La defensora señaló que en la FGE reparten justicia a modo, ya que es fácil que se inventen culpables de los abusos sexuales que sufren los menores en las manos de PRODEMEFA, llegando a culpar a alguno de los padres.
Con información de Sol Yucatán, el Diario de Yucatán