Una pareja de escasos recursos clama ayuda para dar con el paradero de su hija Sofia, la cual fue alejada por un operativo ejecutado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del estado de Yucatán.
Violentando los derechos de los padres, sin notificaciones, sin visitas de trabajadores sociales, ni órdenes judiciales, el DIF municipal y estatal, junto con policías municipales y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), separaron a la menor de un año de edad de sus padres.
Todo comenzó cuando el 1 de marzo, la madre Silvia, de 24 años, llevó a la niña al IMSS de Acanceh a consulta y luego fue trasladada al Hospital Corea-México, en donde la pequeña fue diagnosticada con desnutrición.
Los médicos le solicitaron a la joven madre internara junto a su hija, pero se negó ya que su esposo estaba trabajando y no había un familiar con ellos, por lo que regresó a Acanceh con sus medicamentos y su hoja de diagnóstico.
24 horas después, personal del DIF municipal llegaron a la vivienda en compañía de médicos, los cuales no se identificaron y policías municipales, quienes le exigieron que entregara a la bebé, pero al negarse a entregarla, estas personas ingresaron al terreno y amenazaron a la madre de que si no los acompañaba, la iban a meter presa.
Por las amenazas y el miedo, Silvia accedió a irse con este grupo y fue internada en el hospital, sin embargo, cuando la madre fue dada de alta y pidió que le entregaran a su hija, el personal médico se negó, pues argumentaron que debía estar internada más tiempo por temas de salud.
Pese a su condición humilde, la familia conseguía todo lo que el hospital les requería, sin embargo, el 26 de marzo notificaron al padre de familia, José, de 34 años, que la niña no estaba en el hospital: la bebé fue llevada a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa).
Cuando José fue a reclamar a su hija, las autoridades jurídicas del DIF estatal le exigieron demostrar ser el padre biológico de la bebé.
Pese a que los padres de familia cuentan con las actas de nacimiento de la bebé, su certificado de nacimiento expedido por el Seguro Social y la cartilla de vacunación, las autoridades ignoraron estas pruebas de parentesco.
Han pasado más de tres meses desde que las autoridades le arrebataron a una familia humilde su hijita y la pareja decidió romper el silencio, pues denuncian que el DIF municipal y estatal les mintieron desde un inicio, además, lanzaron un llamado de auxilio al Gobierno del Estado de Yucatán, pues desconocen si quiera si su bebé se encuentra sana y salvo.
Agencias