En un movimiento que ha suscitado controversia y críticas, el gobierno de Yucatán aprobó recientemente una reforma que permite al actual gobernador, Mauricio Vila, contar con un número incrementado de guardaespaldas una vez que deje su cargo oficial. Esta decisión ha sido calificada por muchos como un acto ridículo y un uso cuestionable de recursos públicos.
La reforma, que ajusta las políticas de seguridad para exfuncionarios, ha levantado un intenso debate sobre la necesidad y la justificación de proporcionar una protección tan extensa a un gobernador saliente. Críticos argumentan que este cambio podría sentar un precedente preocupante y refleja una mala gestión de las prioridades del gobierno estatal, especialmente en un contexto donde hay otras necesidades más apremiantes para la comunidad.
Defensores de la reforma, sin embargo, sostienen que tales medidas son necesarias para asegurar la seguridad personal de los exgobernadores, dada la naturaleza de las amenazas que podrían enfrentar debido a decisiones tomadas durante su mandato. No obstante, la opinión pública parece inclinarse mayoritariamente hacia una percepción negativa de esta medida.
Este desarrollo ha alimentado un fuerte debate sobre la transparencia, la responsabilidad y la adecuada asignación de recursos en Yucatán, con ciudadanos y grupos de la sociedad civil pidiendo más claridad y justificación en las decisiones que afectan el uso del dinero público.