El Gobierno de Yucatán y la Agencia de Transporte, dirigida por Rafael Hernández Kotasek, han convertido el cambio de tarjetas de transporte en un negocio multimillonario disfrazado de actualización tecnológica. Con 680 mil tarjetas azules ya emitidas en Mérida, Kanasín, Umán, Tizimín y Valladolid, las autoridades han acumulado al menos 17 millones de pesos en ingresos.
Aunque se prometió un canje gratuito entre el 16 y el 31 de diciembre, el plazo efectivo para el trámite será de apenas 10 días hábiles, debido a días festivos y horarios limitados. Para cumplir con el cambio total, se necesitaría atender a 68 mil usuarios al día, algo prácticamente imposible.
A partir del 1 de enero, quienes no logren cambiar sus tarjetas tendrán que pagar 25 pesos por una nueva, en lo que muchos califican como una compra obligada y no un canje. Además, los saldos en las tarjetas azules no serán reembolsados, representando una pérdida directa para miles de usuarios.
El silencio de los diputados, especialmente de Morena, que recientemente rechazaron un incremento presupuestal para el Ayuntamiento de Mérida argumentando proteger la economía de los ciudadanos, resulta desconcertante. Mientras tanto, largas filas, descontento y un evidente golpe al bolsillo son las primeras consecuencias de esta medida.
El cambio de tarjetas no solo es caótico, sino un ejemplo más de cómo una supuesta modernización puede convertirse en una carga económica para los yucatecos.