El gobierno del estado de Yucatán informó que frenó el pago de pensiones de 10 exfuncionarios estatales por inconsistencias en el proceso que se les otorgó, según el Consejero Jurídico estatal, Mauricio Tappan Silveira.
Ayer, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán notificó de esta resolución, cancelando las pensiones por medio de la figura jurídica de lesividad que van de los 46 mil pesos mensuales a los 19 mil pesos.
Aunque el Tribunal negó a 10 exfuncionarios tengan derecho a pensión, siete casos similares se encuentran en litigio.
Con esta acción, se evitó el pago de 4 millones 300 mil pesos anuales.
Las pensiones que fueron canceladas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro y Daniel Quintal Ic, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Obras Públicas, respectivamente, quienes pretendían recibir 46 mil pesos mensuales. También, la de José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del exgobernador Rolando Zapata Bello en la Ciudad de México, quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.
De igual forma, se cancelaron las pensiones de los exdirectores Ariel Enrique Azcorra Padilla —del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú—, Jesús Antonio Paz Pineda —de la Unidad de Asesores— y Elda María Vargas Jiménez —de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas—, de 40 mil pesos; la de Fernando José Castro Novelo —de Comunicación Social—, 35 mil pesos; de Luis Humberto Hoyos Schlamme —de la Fábrica de Postes—, 30 mil pesos, y de Beatriz Eugenia Solís Sánchez —Departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey—, $25 mil al mes.
Tampoco cobrará pensión Gaspar Javier Arceo Peniche, “a quien de último momento se le asignó una de 19,219 pesos al mes”.
Con información de El Diario de Yucatán