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Corruptómetro

El “Jefe” Diego y su millonario litigio con Jugos del Valle

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Después de que el polémico abogado Diego Fernández de Cevallos exigiera una audiencia en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por “calumniarlo”, durante la mañanera el mandatario nacional cuestionó quién fue el encargado de hacer el millonario litigio para la empresa de Jugos del Valle en tiempos de Vicente Fox, donde se llevó a cabo un ejemplo de “evasión fiscal legal”.

Si buscamos un poco en la red, La Jornada documentó el caso declarando que el despacho de abogados de Fernández de Ceballos le tomó pocos meses para que devolvieron mil 800 millones de pesos en del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para la empresa Jugos del Valle.

Apenas habían pasado dos meses del inicio de este gobierno y de que el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz (2002), se sentara en el sillón de su oficina, cuando se dio la decisión que se había postergado un sexenio para devolver a la compañía, representada por el despacho del legislador, mil 540 millones de pesos por el IVA que había pagado, así como aproximadamente otros 260 millones por el IEPS.

Con la decisión tomada para devolver este millonario monto de impuestos, en poco tiempo también se determinó la partida para aplicar los pagos. Así, el 15 de enero de 2001, Hacienda le entregó a la empresa la primera devolución de impuestos por 895 millones de pesos, según consta en un informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores por la misma empresa. De las otras entregas de dinero, que según documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se hicieron en febrero de ese mismo año, ya no hubo reportes a la BMV.

En la larga lista de casos ”ganados” por el despacho del senador Fernández de Cevallos a favor de empresas privadas, en los que el gobierno federal tendrá que entregar millonarios montos de dinero, el caso de Jugos del Valle fue el que se logró en un tiempo express. Y mientras a otros bufetes contratados por la compañía se les pagaron honorarios por llevar el caso, el de los socios del panista se llevó la comisión sobre el monto recuperado”, documentó La Jornada.

El caso es conocido como un claro ejemplo de “evasión fiscal legal”, ya que se valió de la “inconstitucionalidad” del artículo 2-A de la Ley del IVA de ese entonces que ya ponía un gravamen para las bebidas envasadas, en particular a los jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras.

Los abogados de la firma argumentaron en este juicio ”la inconstitucionalidad del artículo 2-A, ya que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas que no pagaban este impuesto”. En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder el amparo reconociendo la inconstitucionalidad del referido artículo, por ser violatorio de la garantía de equidad tributaria y ”como consecuencia de ello, Jugos del Valle adquirió el derecho a que le devuelvan todas y cada una de las cantidades pagadas por concepto del IVA desde el ejercicio de 1996, debidamente actualizadas y con los intereses correspondientes. Dichas cantidades están pendientes de ser determinadas por la empresa y por la SHCP”.

En otra nota, enviada a la BMV el 21 de junio del 2000, la empresa reiteró el planteamiento de que ya tenía un reconocimiento judicial sobre el asunto, sin embargo, planteó: ”Aún no se tiene la certeza sobre los montos y tiempos definitivos”. En esta última anotación, la compañía señalaba que no había ninguna seguridad sobre si el gobierno federal liquidaría el monto fijado, ni en qué tiempo lo haría, ya que durante todo el sexenio habían pugnado por esa devolución sin conseguirla.

En su reporte enviado a la bolsa el 15 de enero de 2001 -cuando el juicio ya había sido retomado por el despacho de Diego Fernández de Cevallos-, la empresa informó que ante la demanda de amparo que interpuso y ”como consecuencia de lo anterior, ha recibido una cantidad neta total equivalente a 895 millones 526 mil 353 pesos, incluyendo una devolución correspondiente al impuesto sobre producción y servicios”. Los restantes 900 millones se entregarían semanas después.”, recuperó La Jornada.

Solo en 2002, se documentó que el gobierno de Vicente Fox devolvió más de 25 mil millones de pesos a diversas empresas por haber perdido juicios fiscales y de otra índole.

Con información de La Jornada

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